Ese límite afecta a empresas mientras que entre particulares se mantiene el límite de 2.500 euros
Los pagos en efectivo son cada vez menos habituales y no por decisión de los ciudadanos, si no porque el gobierno los regula cada vez más para reducir el fraude fiscal. El gobierno quiere seguir la trazabilidad de cualquier transacción por eso, y después de varios avisos, el pasado 11 de julio quedó publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Esta ley es la que limita aún más el pago en efectivo.
Hasta ahora estaba permitido el pago en efectivo hasta 2.500 euros, ahora se mantiene esa cifra en el caso de pagos entre particulares, pero lo restringe aún más si una de las partes es una empresa o empresario. En ese caso el pago en efectivo será, como máximo, de 1.000 euros.
Posibles sanciones
Si no se cumple ese mandato podrían imponerse importantes sanciones. Según el texto de la nueva ley en caso de que se hagan pagos superiores a esa cantidad se multará con 25% sobre la cantidad pagada.
La nueva ley regula también la rebaja de los recargos por presentar fuera de plazo las declaraciones de impuestos, o la reducción de la cuantía de las sanciones por pronto pago.
En el caso de pronto pago si el autónomo o empresario acepta la sanción sin recurrir se rebaja la sanción un 30% por conformidad y si, además, ingresa la sanción en el plazo indicado, la multa se reduce un 40% más que se aplica a la cantidad que ya se había rebajado por conformidad.
De esa manera por una sanción de 2.000 euros se pasaría a pagar 1.050 euros.
En el caso de presentar las declaraciones de impuestos fuera de plazo, los recargos son, con la nueva ley, más bajos, sobre todo en los primeros meses.
Ahora la norma quiere «potenciar la regularización voluntaria» por parte de los afectados, y prevé que el recargo pase a ser del 1% desde el primer día que se supere la fecha límite y que se sume un 1% por cada mes de retraso.
La ley establece que si la presentación de la autoliquidación se hace pasados 12 meses desde que acabó el plazo, el recargo será del 15% y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse.
Aunque estas medidas quieren acabar con el fraude los propios técnicos de Hacienda creen que no acabará con la economía sumergida porque no hay sistemas de control que aseguren que todo esto se lleve a cabo.
